OEA: caso perdido
Thursday 24 June, 2010
Graco Pérez
El Heraldo, Honduras
El 4 de julio de 2009 Honduras se convirtió en el primer Estado suspendido bajo la invocación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las implicaciones jurídicas de la ruta al posible retorno de Honduras a esa organización están siendo relegadas por el presidente Lobo, su canciller y asesores.
Aunque Honduras no realizó un trabajo efectivo (lobby) con los países miembros, para alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para su retorno, el gobierno creó falsas expectativas sobre esta posibilidad durante la XL Asamblea General.
De acuerdo a la Carta de la OEA, cualquier país podía solicitar su retorno. Si esa era la intención, debió acudir a algún país aliado para que lo planteara. El tema fue introducido por Nicaragua, cuyas intenciones, aunque predecibles, no trascendieron.
Nicaragua fue apoyada por Argentina, Venezuela, Brasil y Guatemala, pero su posición fue rechazada por Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica. Finalmente, se acordó crear una comisión de alto nivel, nombrada por el secretario general Insulza, quien después del Acuerdo Tegucigalpa-San José y el SICA, encuentra otra ruta para imponer más condiciones.
Honduras no será reintegrada mientras persista el dominio ejercido por la Alba en la OEA, que se concreta en las "condiciones Insulza". Pero no pertenecer a esa organización, no implica estar desinformado, como ocurrió cuando el canciller se mostró sorprendido ante la reacción oportuna a favor de Honduras por parte de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El mantenimiento de la suspensión y la posición del presidente Lobo dejan abierta la posibilidad de represalias desde la OEA y presiones sobre la institucionalidad hondureña. Para el caso, el secretario general Insulza se ha referido con señalamientos a la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.