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Paraíso fiscal

Martes 24 agosto, 2010


Martín Rodríguez
Prensa Libre, Guatemala

Como si no fuera con nosotros, nadie puso atención cuando, en abril, un tal Pascal Saint-Amans, de una tal Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dijo que Guatemala tenía seis meses para transparentar su economía y sus finanzas si no quería ser considerada un paraíso fiscal y atenerse a sanciones económicas globales.

Él es el portavoz del mandato que les dio el G-20, el grupo de los países más poderosos del mundo, que mueve el 85% de la economía global. Este G-20 se cansó de que mientras sus Estados rescataban con impuestos de los ciudadanos a los bancos responsables de la crisis financiera, estos bancos y las empresas más grandes del mundo tuvieran una estructura bien aceitada para evadir y eludir impuestos. Esta estructura, creada desde 1934 en Suiza, descansa sobre los paraísos fiscales —que son lugares sin regulaciones financieras ni fiscalizaciones— para evadir impuestos. Años después se extendieron por el mundo y ahí encontraron paraísos los evasores y las mafias, para lavar dinero —originado de actividades ilegales como el narco, que necesitan ingresar al sistema financiero—.

El G-20 ordenó sancionar a los países que no cooperen para evitar el lavado y la evasión. A Guatemala la pusieron en una lista de 25 países en los que no se coopera lo suficiente. La mayoría de esos países espabiló y cumplió con lo que la economía y la política mundial demanda. Nosotros, no. Junto a Brunei, Costa Rica, Uruguay y las Filipinas, estamos en el foco del G-20. Es como que quisiéramos jugar en las eliminatorias de futbol de la FIFA, pero nos negáramos a poner números en la espalda a los jugadores, para que no puedan sacarles amarilla cuando cometen faltas. Algo tramposo, ¿no?

Para poder jugar en el mundo tenemos que prohibir que las sociedades sean anónimas y que se sepa quién es dueño de cada acción; hacer que la SAT pueda revisar las cuentas de los contribuyentes, para ver si están dejando de pagar impuestos o lavando dinero; e intercambiar información con otros países que fiscalizan esto. Es responsabilidad del Congreso modificar las leyes para cumplir con esta obligación internacional y no lo tienen en agenda; ni ellos, ni el Gobierno de Colom, ni la oposición, ni los que quieren “reactivar” la economía.

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