Presupuesto 2011

 

El Gobierno debería mandar señales claras.

 

Cuestionar el crecimiento del gasto del Gobierno, el déficit fiscal y el endeudamiento público no implica oponerse al desarrollo, al combate a la pobreza o al gasto social, como algunos funcionarios públicos, burócratas internacionales, políticos oficialistas y simpatizantes del gobierno pretenden hacer ver. Antes bien, significa un llamado a la prudencia y a la necesidad de mantener la disciplina macroeconómica que tanto nos ha costado conseguir.  

 

Basta un ejemplo para resumir el reto que el país afronta en este sentido: hace 10 años se requería de un endeudamiento de Q3 mil 246 millones para financiar el exceso de gasto público, hoy se necesitan más de Q8.3 millardos. Entre el año 2002 y el año 2011 el endeudamiento público necesario para financiar el déficit fiscal de cada año se amplificó 2.6 veces. Es claro que los gobiernos deben aprender a decir NO a peticiones adicionales de gasto, sobre todo a aquellos gastos de dudosos fines o que no obedecen a una cuidadosa evaluación de sus costos y beneficios. 

 

Una de las lecciones más claras para promover el crecimiento económico es mantener el presupuesto de gasto público bajo control. En caso contrario, no hay sistema tributario que pueda generar los recursos necesarios para financiar gastos que obedecen únicamente a criterios electorales. Lo mismo sucede con la deuda pública, mientras esta siga creciendo a un ritmo superior a la capacidad de pago del país, muy pronto llegará el momento en que esta no sea una opción viable para el país. Aunque es necesario prestar atención a las presiones del gasto a corto plazo, también es necesario que el presupuesto atienda a una perspectiva de mediano plazo en la que se conjugue una visión de país, las restricciones financieras y los niveles máximos de deuda que el país puede soportar. Dada la actual situación del país, sería importante imponer límites más estrictos al déficit fiscal para el próximo año. 

 

En aras de promover la estabilidad económica, generar una mejor base para la inversión productiva y no deteriorar más el clima de negocios en el país, el Gobierno debería mandar señales claras de un compromiso de racionalización y austeridad del gasto público. Una meta de déficit fiscal menor al 2 por ciento del PIB daría una importante señal en torno al compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica, algo muy importante en medio del desborde de “pasiones” que caracteriza a los años electorales. La actual meta, cercana al 3 por ciento del PIB, genera serias dudas en torno al verdadero compromiso del Gobierno con dicho objetivo.