Presupuesto 2011: Salvador

 

Los dos partidos que aprobaron de manera expedita el presupuesto a fines de 2009 se encuentran ahora en una preocupante pendiente de pérdida de simpatías, según las encuestas más recientes.

 

Quedan solo tres semanas para que el Consejo de Ministros, en cumplimiento del inciso 3º del artículo 167 de la Constitución de El Salvador, presente a la Asamblea Legislativa el proyecto de ingresos y egresos para el año fiscal 2011. Eso significa que el ministro de Hacienda debe completar sus cálculos en unos pocos días, sin saber todavía si podrá añadir algunos barriles más de narcodólares en la columna de los ingresos del Estado.

 

Este año la elaboración del presupuesto debe hacerse de manera mucho más acuciosa, ya que una reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ ha puesto fin a las prerrogativas que el Órgano Legislativo le había concedido al Ejecutivo para modificar de facto, sobre la marcha y sin previa autorización de la Asamblea, los presupuestos que esta aprueba en cumplimiento de un mandato constitucional.

 

La transferencia a Casa Presidencial de fondos aprobados pero no ejecutados por otras instancias del Poder Ejecutivo había sido autorizada años atrás por decreto legislativo para facilitarle las cosas a un presidente arenero en momentos en que el bloque de derecha estaba más cohesionado y alcanzaba mayoría en la Asamblea. Al final, el referido decreto se usaba no solo para agilizar la intervención gubernamental en situaciones de emergencia, sino para compensar malas prácticas presupuestarias, para encubrir deficiencias en la ejecución del presupuesto y para dar respaldo financiero a decisiones políticas coyunturales de corte populista para beneficio partidario.

 

El presidente Funes no ha ocultado su molestia por la sentencia de la Corte. Se ha quejado de que ahora él queda en una posición muy vulnerable al chantaje que quieran hacerle los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. ¡Bienvenido a la democracia, señor presidente! El presupuesto general de la nación es la expresión financiera del consenso que alcanzan las fuerzas políticas sobre intereses y prioridades divergentes. Por eso la Constitución le da la última palabra a la Asamblea Legislativa y no al presidente de la república.