Privatización de la salud: forma de acumulación por desposesión

Juan Jované
Panamá América, Panamá

Que el Proyecto de Ley 349 tenga como objetivo acelerar el proceso de privatización de la infraestructura así como de los servicios sociales, muestra, entre otras cosas, el nivel de profundidad previa que el mismo ha alcanzado. Esto es claro en el sector salud, donde se observa la presencia de un importante bloque de agentes mercantiles de los servicios de salud, en la forma de empresas de capital y de productores simples de mercancías.

Esto último se evidencia observando la evolución de las cifras del valor agregado real de la rama de los servicios de salud. En efecto, pese a que, gracias a una política consciente de la CSS, la participación del sector privado en este indicador se redujo del 38% en 1999 al 30.0% en el 2003; lo cierto es que, la política neoliberal aplicada posteriormente llevó a revertir este logro. Es así que para el 2010 la participación del sector privado volvió a su posición previa, colocándose en un nivel de 37%. A esto se debe agregar la llamada política de recuperación de costos del MINSA, la cual ha institucionalizado el cobro por los servicios de salud ofrecidos en sus instalaciones, los que han adquirido un carácter abiertamente mercantil.

Se trata de un problema práctico no ideológico. La salud mercantilizada, para comenzar, elimina el carácter de derecho humano de la salud, convirtiéndola en una mercadería curativa a la que solo tiene acceso el que puede pagar. Más aún, como es ampliamente reconocido, se trata de un ámbito plagado de lo que los economistas llaman fallas de mercados, provocadas en este caso por la asimetría de la información. Se trata de un medio en el que el agente principal, es decir el paciente, siempre tiene menos información que el oferente de los servicios de salud, lo que lo hace vulnerable frente a este último.

Algunos ejemplos pueden aclarar esto último. Cuando el cobro se hace por capitación, es decir un pago fijo anual por paciente, la tendencia es a reducir los servicios prestados con el fin de elevar la rentabilidad. Cuando el pago se hace por procedimientos ejecutados se corre el riesgo, como lo demuestra la realidad, de que el paciente sea sometido a tratamientos que no le son útiles, pero que resultan costosos. En el caso del pago por diagnóstico, se enfrenta el peligro de que los pacientes sean tratados por casos que son más graves de los que realmente sufren, los cuales, sin embargo, son más rentables para los oferentes. Estamos, entonces, frente a lo que en economía se conoce como riesgo moral y la presencia de mecanismos de acumulación por desposesión.

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