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Probidad de funcionarios públicos

Miércoles 23 marzo, 2011


Carlos Vega Fernández
El Periódico, Guatemala

En el discurso de toma de posesión, Álvaro Colom Caballeros, recién electo presidente de la República, expresó: “Yo le decía a unos amigos empresarios el otro día, produzcan, el empresario no invierte para perder dinero, invierte para ganar plata, ganen plata…”. No se refería, por supuesto, a los grandes negocios que se hacen con el patrimonio del Estado, a empresarios que llegan a cargos públicos y se aprovechan haciendo compras; ni a aquellos diputados que intervienen en la aprobación del presupuesto del Estado. 

De acuerdo con la Constitución Política de la República, la Contraloría General de Cuentas es la institución a la que compete velar por el buen uso del patrimonio del Estado; sin embargo, ha demostrado ineficacia para combatir la corrupción y por ende constituye parte del problema.

Es por eso que dicha comisión legislativa trabaja en la propuesta del proyecto de ley de probidad administrativa, que de ser aprobada crearía una institución con autonomía funcional que se encargaría de recibir las declaraciones juradas patrimoniales y darles seguimiento mediante modernos procedimientos de verificación y la aplicación de sanciones, cuando así corresponda. 

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