Protección ambiental y desarrollo

Lizabeta S. de Rodríguez
La Estrella, Panamá

Hace décadas, en diferentes momentos y gobiernos, se han protagonizado reuniones, marchas y caminatas en diversos puntos del país, convocadas por organizaciones de conservacionistas, sociedad civil o poblaciones afectadas por concesiones para explotación minera, recordemos las minas de Cerro Colorado.

Hace pocas semanas se desencadenó una polémica entre moradores y voceros de Petaquilla Gold, empresa que extrae oro de la mina Molejón, ubicada en Donoso. La disputa es debido al posible desbordamiento de aguas con cianuro que llegaron al río Molejón debido, posiblemente, a que una tina de lixiviación se encontraba a su máxima capacidad y producto de las lluvias o una posible fragmentación sufrió derrame.

Lo cierto es que la actividad minera en nuestro país es fuertemente cuestionada, producto de los riesgos que la misma conlleva para la vida humana, así como para la conservación de la biodiversidad. Según sus propulsores, esta actividad económica, presuntamente traerá consigo oferta de mano de obra directa y mayor generación de ingresos por el pago de tributos. Según ellos, inclusive favorecería los sectores de prestación de servicios y comercios locales.

Si bien el aprovechamiento de los recursos minerales genera beneficios económicos, es conveniente conocer el impacto que pueden causar al ser humano y su entorno. Uno de los impactos más agresivos detectados es el causado por el azufre de las rocas que, en su proceso de pulverización con mercurio o cianuro, entra en contacto con el oxígeno del aire o el diseminado en el agua genera ácido sulfúrico. 

Resulta obligatorio que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde en materia legislativa y de supervisión. Que proteja los recursos hídricos, utilización de suelo y elementos ambientales que puedan verse afectados, focalizando principalmente los concernientes a la salud humana; mediante estudios serios y objetivos de impacto ambiental.

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