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Reforma fiscal y desarrollo

Martes 18 enero, 2011


Leiner Vargas Alfaro
La República, Costa Rica

Apenas y se inicia el año 2011 y ya se ven venir los temas de debate del congreso más duros del año, la reforma tributaria y la apertura del sector de electricidad. Me permito dedicar algunas reflexiones al primero de los temas a lo largo de los próximos meses, iniciando con argumentos sobre el tipo de debate al que deberíamos aspirar. En el centro de este debate está la definición del tipo de sociedad que aspiramos y el papel del sector público dentro de ese modelo de sociedad. 

Si bien es cierto Costa Rica ha tenido un largo historial de pequeñas reformas al sistema tributario en las últimas tres décadas, y en general al sistema de gestión pública, hemos sido bastante laxos en tener un verdadero debate democrático sobre nuestro modelo de sociedad y de Estado. Es por eso que al menos en la última década, nuestra sociedad ha perdido posiciones importantes respecto a otras sociedades latinoamericanas y del mundo, en general de las llamadas economías emergentes de desarrollo medio.

Si requerimos del Estado bienes y servicios públicos básicos, tales como salud, educación, seguridad ciudadana, justicia pronta y cumplida, prevención social, infraestructura, regulación y otros tantos; es claro que debemos contribuir como ciudadanos para que el Estado pueda financiar adecuadamente su accionar. De igual forma, el Estado debería rendir cuentas de cómo se gasta y del impacto que tiene su inversión, según las prioridades seleccionadas por los distintos gobiernos.

Sin indicadores de gestión claros y medibles, sin prioridades definidas y sin mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los ciudadanos premiar los buenos resultados con su voto, no es posible tener claridad de hacia dónde y cómo se debe ir en materia de gestión pública. No se trata de si se requiere de 2 o 3 puntos porcentuales más de ingresos tributarios como proporción del PIB para cerrar la brecha entre ingresos y gastos del presente; el verdadero debate debe estar en si es posible mejorar la acción del Estado y efectivamente, cumplir con los objetivos que aspiramos los ciudadanos, y si con esos nuevos ingresos o los que tenemos actualmente, vamos a garantizar un mejor accionar del Estado de cara a la ciudadanía. 

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