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Salarios y pobreza

Jueves 08 diciembre, 2011


Aníbal Delgado Fiallos
La Prensa, Honduras

¿Por qué en vez de hablar de pobreza no hablamos de riqueza?, me preguntó hace unos días un ciudadano; la interrogante no dejó de perturbarme pero luego intenté una respuesta: porque en el marco de nuestra inmensa riqueza humana, natural y espiritual, la pobreza económica y social se destaca como el fenómeno más contradictorio y doloroso; el de rasgos más visibles, el que mueve con más vehemencia nuestra solidaridad y el que reclama con furor de trueno una acción estructural más allá de las limosnas, los donativos abundantemente publicitados y los subsidios abusivos de los políticos.

Honduras, además de los primeros lugares en delincuencia y corrupción, exhibe uno de los primeros lugares en pobreza, y no es porque la economía no crezca, sino porque el crecimiento, por pequeño que sea, se concentra en los sectores sociales de mayor opulencia.
Por eso dicen los que tienen por qué saberlo que mientras no se modifiquen los mecanismos de distribución del ingreso que yacen en la esencia del modelo económico vigente, el esfuerzo productivo nacional seguirá enriqueciendo a unos, los menos, y empobreciendo a otros, los más; es la tendencia perversa que se da en todos los países subdesarrollados pero con mayor persistencia en Honduras.

Si se examinan las estadísticas de los países más pobres de América Latina, se observará que la tendencia es hacia la desigualdad, y en la desigualdad no hay desarrollo posible: la relación entre las ganancias de los empresarios y los salarios es cada vez más discrepante; no sé cuál es en Honduras, pero Ecuador que es el caso que tengo a la vista y que no posee las relevancias de injusticia de nuestro país, en 2005 el porcentaje del ingreso nacional captado por las ganancias de los empresarios fue de 83% mientras el de los salarios de 12%.

Esta enorme discrepancia es, en opinión de economistas y sociólogos, la responsable de la pobreza extrema, la falta de dinamismo de la producción, la violencia, la corrupción y la baja capacidad del Estado para emprender proyectos de amparo social y de obras públicas.

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