Salida de la crisis

Johnny Meoño Segura
La Nación, Costa Rica

A raíz de un artículo aquí mismo del 26/10, intitulado “ Alternativa al gobierno de facto ”, el cual propone una ley que elimine todas las “malas” que obstaculizan por exceso de trámites y regulaciones la buena administración pública, y que luego la Asamblea la apruebe y se realice un referendo para que el pueblo se pronuncie, me siento tentado a opinar. Lea el lector lo que escribimos hace un tiempillo.

“Nuestra Administración Pública está montada sobre un mar de leyes y normas (...) Requiere cirugía mayor, y esta solo puede lograrse durante un período corto pero de emergencia institucional (...) del aparato burocrático (...) y entrarle a fondo en una labor mancomunada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ello (...) implicaría promulgar una ley general de corta vigencia que elimine toda otra de entes particulares y toda ley general en sus aspectos que serán objeto de revisión y replanteamiento total (...) todo decreto o reglamento para que, manteniendo los mínimos necesarios que garanticen la supervivencia y estabilidad del sistema administrativo público durante el período de emergencia, establezca (...) nuevas formas y opciones de experimentación dinámica en todo campo ahora rígido (...) una serie de metas concretas que implicarán (...) al final de dicho período –uno o dos años–, todo un nuevo ordenamiento jurídico-institucional (...) que integre de una buena vez a todo ente público dentro de la idea de un sistema integrado (...) que vibre al calor de las decisiones presidenciales y de cada ministro rector de sector, así como que introduzca coherencia y racionalidad en los sistemas de administración de recursos públicos (...). La acción Ejecutivo-Legislativo deberá basarse en un modelo de administración pública costarricense (...) por regiones y sectores (...) Mideplán deberá apoyar a ambos poderes (...) La Ley de Emergencia Institucional que se dictaría, contendría todos los elementos necesarios de pesos y contrapesos para que no se abuse ni se actúe con criterios partidistas en la revisión de estructuras, procedimientos y comportamiento burocráticos”.

Obstáculos y burocracia. Lo anterior es de un artículo nuestro en esta misma página de agosto 1983. Sí, señores. No nos quedamos allí. Lo incorporamos como estrategia cuando fungimos como ministro de la Reforma del Estado –durante solo diez meses– desde mayo 1990. Nada se hizo por razones coyunturales. El desmadre burocrático ha seguido y nunca hemos logrado conmover a los medios ni a analistas influyentes para que entendieran la magnitud de nuestra propuesta.

Ahora viene esta propuesta parecida aunque menos profunda y elaborada, y auguramos que nada se hará. Y no se hará nada porque ya alguien o “alguienes” –inspirados quizás en esa vieja iniciativa que surgió en ese viejo artículo que luego incorporamos en aquel plan de reforma del Estado, en libros y otras publicaciones– produjeron la excelente Ley No. 8220 de simplificación de trámites de febrero del 2002. Esta fue explícita en lo que debía hacerse para desregular la totalidad de trámites vigentes, con plazos dados y con una obligación del Poder Ejecutivo de actuar en caso de incumplimiento de las instituciones.

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