Se vence el plazo

Paco Gómez Nadal
Prensa.com, Panamá

Este fin de semana pasado ha nacido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y 33 Estados han suscrito esta nueva fórmula de integración que da la espalda a Estados Unidos y que, supuestamente, debe fomentar las recetas propias a los problemas propios.

También es de esperar que esos estados, incluido el de Panamá, se tomen más en serio a la Celac que a otras instancias internacionales que suelen ignorar cada vez que no les dan la razón.

Brasil, por ejemplo, no ha pagado su cuota de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque no le gusta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le haya llamado la atención por el desastre humano y ecológico que está provocando para llevar adelante la megarrepresa de Belo Monte, en el río Xingu (Amazonas).

Algo parecido le ocurre a Panamá, que quería que Guillermo Cochez presidiera la CIDH cuando el Estado del istmo es uno de los habituales en las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, la última instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Mientras los gobiernos se ríen en la cara de la Comisión y de la Corte, los pueblos se las toman muy en serio porque son la única esperanza de justicia, la posibilidad de que los abusos sean tipificados y que los culpables aparezcan en sentencias internacionales ya que las justicias nacionales están abonadas a la impunidad y el descaro.

Es lo que le pasó a Jesús Vélez Loor. Este ecuatoriano fue detenido de forma ilegal en Tupiza el 11 de noviembre de 2002 y las autoridades de migración y de policía de Panamá lo sometieron a todas las vejaciones del catálogo de la inmundicia hasta que el 10 de septiembre de 2003 lo metieron descalzo a un avión y lo deportaron.

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