Seguridad, economía y debate

Luis Laínez
La Prensa Gráfica, El Salvador

Cuando el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, dijo durante el Conversatorio con Editores de LA PRENSA GRÁFICA que las extorsiones eran el obstáculo para el crecimiento económico me quedé muy asombrado.

No todos los días el principal responsable de la política económica del gobierno de Mauricio Funes reconoce el impacto de la delincuencia, los homicidios y el crimen organizado. De hecho, es el funcionario de más alto rango del gobierno que ha reconocido este problema.

Por eso no extrañó que el secretario de Asuntos Estratégicos, Francis Hato Hasbún, tratara, apenas un día después de las declaraciones de Segovia, de minimizar el impacto del reconocimiento. Para Hasbún, el lento crecimiento económico (nulo o negativo en años pasados) no puede explicarse con base en “causas coyunturales”, como podría ser la criminalidad, sino que hay que buscar explicación en el modelo.

Rápidamente, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, sacó a colación que ha habido una reducción en las extorsiones, un 37% de denuncias, dice, y tiene semanas de decir que hay una reducción en la tendencia alcista de los homicidios. El mismo Hasbún ha dicho que no entiende la lógica de “contar muertos”.

A diferencia de las palabras de Hasbún y Melgar, basadas en percepciones o estrategias de comunicación, la revelación de Segovia sobre las extorsiones está basada en un estudio conjunto realizado entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, en el marco del Asocio para el Crecimiento (Partnership for Growth, en inglés). Segovia dijo que el 14% de los micro y pequeños empresarios sufre de extorsiones, las cuales se han convertido, para amplios sectores, en una especie de “nuevo impuesto”.

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