Sábado 17 agosto 2019

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Solvencia de las finanzas públicas en riesgo

Miércoles 18 agosto, 2010


Carlos González Arévalo
El Periódico, Guatemala
 
La tributación se ha reducido. Se rezaga la ejecución. La Novena Conferencia Regional sobre Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, realizada en Honduras el 15 y 16 de julio de 2010, con participación de los ministros de Finanzas, se enfocó en la política fiscal más adecuada para la actual coyuntura de la región, y concluyó de manera unánime en que los países inicien cuanto antes un proceso de consolidación de las finanzas públicas para recuperar el espacio fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. También resaltaron la importancia de avanzar con reformas fiscales estructurales, adoptar presupuestos plurianuales y mejorar los marcos de gestión financiera.
 
Analizar el tema es oportuno y urgente, ya que Guatemala posee una estructura tributaria que genera baja recaudación, escasa capacidad y transparencia en la ejecución del gasto, exceso de transferencias presupuestarias, déficit fiscal y endeudamiento público creciente. Todo ello, exacerbado por los eventos naturales recientes (erupción del volcán de Pacaya y tormenta ‘Agatha’), plantean la urgencia de que, en la medida en que se logren consensos a nivel nacional, se propongan y adopten con seriedad medidas que solucionen esta problemática de manera sostenible, antes de que la insolvencia de las finanzas públicas impida el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias del Estado.
 
Es evidente que la tributación medida por la carga tributaria, después de haber superado el 12 por ciento en 2007 se ha reducido hasta cerca del 10 por ciento; la ejecución presupuestaria siempre muestra rezagos preocupantes; las dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos aumentan por falta de información sobre su aplicación correcta, como ocurre en los programas de solidaridad del Gobierno; hay retraso en los pagos de obras realizadas y en algunos casos en los sueldos; ha crecido el déficit fiscal de los últimos 2 años (superior al 3 por ciento del PIB) y la ya recurrente necesidad de acudir al endeudamiento público (25 por ciento del PIB). Todo esto podría conducir, si no se maneja con prudencia, a la insolvencia de las finanzas públicas que implicaría el incumplimiento de los pagos a cargo del Gobierno central y sus consecuencias.