SOPA, PIPA y la policía digital
Tuesday 24 January, 2012
Ricardo Trotti
La Prensa, Honduras
El primer apagón digital de la historia al que adhirieron este miércoles miles de sitios online tuvo el éxito deseado. Paró en seco dos proyectos de ley sobre protección de la propiedad intelectual que se discuten en el Congreso de EE.UU. que de ser sancionados, infringirían graves daños al clima de libertad en el internet y subyugarían a sus empresas tecnológicas.
La fuerza de la protesta global, liderada por Wikipedia, con un apagón informativo de 24 horas y por Google, con un llamado a sus usuarios a que repudien los proyectos de ley, hizo que los legisladores detuvieran su apresurada marcha, traten de aprender más sobre el uso de las nuevas tecnologías y piensen en una ley que equilibre mejor el derecho de autor con el de libertad de expresión.
La misión no es fácil, más en un año electoral cuando las presiones se potencian y sobre el ring hay dos pesos pesados. En un rincón, la poderosa industria del entretenimiento, representada por Hollywood, que favorece este tipo de leyes para detener la piratería y las falsificaciones que le han provocado pérdidas millonarias y empleos; y, en el otro, la creciente industria del conocimiento, que desde el Valle de Silicona, clama siempre por un internet desregulado, que ya ha servido para derribar gobiernos anti democráticos, crear millones de empleos y expandir el comercio mundial.
Aunque en las formas muchos solo vean puñetazos, en el fondo todos están de acuerdo. Tanto el gobierno y los políticos, como ambas industrias privadas, creen que la propiedad intelectual estadounidense debe protegerse en todo el orbe como ya se hace en el país; empero, las diferencias estriban en cómo hacerlo ya que los proyectos de ley SOPA (Ley para Detener la Piratería Online) y PIPA (Ley para Proteger la Propiedad Intelectual), no son buena opción.
Estas regulaciones imponen a las compañías tecnológicas un poder de policía y de auxiliares de la justicia que no les corresponde. SOPA y PIPA obligan a motores de búsqueda (Google, Bing o Yahoo), a redes sociales (Facebook o Twitter), agregadores de contenido (Wikipedia o YouTube), y a sitios de comercio online (Paypal, Amazon o Craiglist), a convertirse en supervisores y censores de contenido, con el agravante de que pueden ser multados o desactivados si omiten esas funciones. Estas empresas estarían obligadas a cerrar sitios de internet fraudulentos, retirarles los dominios o, entre otras medidas, bloquearlos en sus sistemas de búsqueda bajo la mínima presunción de que ofrecen productos falsos y pirateados o descarguen música o películas sin el correspondiente pago de derechos de autor y regalías.