Subsidio: se le acaba el tiempo, presidente
Monday 31 January, 2011
Claudio M. de Rosa
La Prensa Gráfica,El Salvador
Día que pasa se hará más difícil focalizar el subsidio y hacer una reforma tributaria, porque el fantasma electoral se transformará en un factor inmovilizador.
El presidente Funes está en una encrucijada que aún no logran resolver sus asesores: cómo focalizar el subsidio al gas propano. Es un tema en discusión desde 2009 y este gobierno, por su sola y propia decisión, ante las dificultades financieras del sector público, se comprometió con los organismos multilaterales a eliminarlo en octubre de 2010, luego dijo diciembre, siguió con enero de 2011 y ahora será abril.
El incumplimiento de promesas o acuerdos comienza a ser un problema que está en la base de otras limitantes para focalizar el subsidio al gas. Todo parte de la promesa electoral de “bajar el costo de la canasta básica”, la cual no ha cumplido en la medida que la “rural” aumentó $12.59 (10.6%) en el año a diciembre de 2010 y llegó a $131.69; y la “urbana” aumentó $20.30 (12.3%) y alcanzó $184.94. Y súmele el incremento de la gasolina y de la electricidad. Esto hace que este sea el peor momento para eliminar el subsidio al gas propano.
Pero, ¿por qué este subsidio con más de 36 años de existencia es ahora un grave problema? Antes el precio del gas era bajo y el subsidio demandaba pocos recursos. Además, desde mediados de los ochenta las finanzas públicas se manejaron con disciplina y, salvo por los terremotos, el déficit fiscal se mantuvo por debajo de 3% anual. En 2008 comenzó a deteriorarse la situación fiscal, pero se logró mantener el déficit a raya, para producirse un desplome en 2009 por la crisis económica mundial, según el Presupuesto General preparado por la actual administración.
Pero lamentablemente, ni siquiera con reforma tributaria logran poner en orden las finanzas en 2010 y todo parece que va a seguir igual en 2011. La razón fundamental para focalizar el subsidio era la necesidad de reducir el gasto público en $69 millones, que ahora resulta que serán solo $45 millones, donde la focalización le costará $7 millones y la administración se estima en otros $10 millones, en un inicio, pero las erogaciones tenderán a subir porque se encontrarán más personas reclamando tarjetas, por lo que probablemente no ahorrará el Estado más de unos $20-$25 millones.