Martes 20 agosto 2019

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Tiempos de Al Capone

Jueves 25 agosto, 2011


Demetrio Olaciregui Q.
La Estrella, Panamá

A caba de conocerse que el presupuesto solicitado para el 2012 por las instituciones superaba los $17,000 millones, en una irresponsable muestra del derroche al que el gobierno actual mantiene expuestas las finanzas públicas. Finalmente fue fijado en $14,468 millones, lo que sigue siendo una cifra alejada de la realidad de las demandas sociales y las verdaderas necesidades del país. 

Además de los miles de millones del Presupuesto General del Estado, hay que tomar en cuenta los recursos que aporta el Canal, que en el quinquenio serán alrededor de $4,500 millones. Se desconoce cómo se están empleando esos fondos, que formaban parte del acuerdo consensuado por los panameños dentro de la Concertación Nacional para el Desarrollo —menospreciada por Ricardo Martinelli y Cambio Democrático—, cuya finalidad era la redistribución del bienestar social ofreciendo a la mayoría ciudadana educación, salud, seguridad social y empleo. 

El actual gobierno ha modificado en cinco ocasiones la Ley de Contrataciones Públicas, para ajustarla a conveniencia de sus socios y las empresas beneficiadas. Cuando no es una contratación directa, a la que están habituados ministerios como los de Obras Públicas, Salud, Vivienda y la Caja de Seguro Social, entre otros, se descubren irregularidades en las licitaciones públicas, como acaba de ocurrir en la Autoridad de Aeronáutica Civil. Se ha eliminado, además, el control previo, porque al gobierno lo tiene sin cuidado la transparencia y la ética pública. 

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