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Tocarles el bolsillo

Lunes 11 octubre, 2010


Edgar Gutiérrez
El Periódico, Guatemala

La Ley de Extinción de Dominio puede llegar a ser una herramienta de alcance estratégico contra el crimen organizado. Buena parte de las dudas y rechazos legítimos a su aplicación surgen de la ambigüedad de las definiciones y alcances de la ley. Su propósito inequívoco es expropiar a quienes los tribunales identifiquen en sus sentencias como miembros de organizaciones criminales. No cabe desorientación estando en el marco conceptual y en los campos de la Convención de Palermo.

En el debate hay que decir lo que esa ley no es. No es una afrenta contra la propiedad privada legítima, ni una revisión histórica sobre el origen de las grandes fortunas, ni un recurso de persecución política, ni siquiera un arma contra la corrupción de autoridades públicas, para la cual debe aplicar una ley sobre enriquecimiento ilícito, congruente con la Convención de Mérida.

La expropiación de riqueza acumulada por el crimen organizado toca el nervio de la principal amenaza a la viabilidad del Estado democrático. La represión por sí misma jamás podrá. Mientras el Estado no tenga potestad de revertir la acumulación de capital del crimen organizado, operará en franca desventaja moral y material. Perderá la guerra. Los incentivos los tendrá el otro bando, y las instituciones represoras no soportarán los cañones de billetes ni los cañones de las balas impunes, que a su vez se nutren del abundante dinero sucio.

Esos bienes y recursos expropiados podrían financiar el presupuesto de seguridad, en un país de crónicos déficits y donde sería suicida bajar la prioridad de la inversión social. Un cálculo conservador diría que expropiaciones al crimen organizado pueden ofrecer recursos para los renglones gruesos del presupuesto de seguridad y justicia, y además fortalecerían una renta patrimonial del Estado y su capacidad de redistribuir riqueza, por ejemplo, bajo la inspiración de la siempre postergada Ley de Desarrollo Rural Integral. 

La ley de expropiación del crimen organizado debe, en sí misma, traducir un acuerdo político nacional. Aun así no lo es todo, necesita apuntalarse de legislación que transparente sociedades anónimas y operaciones financieras, además de instituciones eficaces. Pero, ¿queremos un punto de apoyo para alterar la ruinosa relación de fuerzas ante el crimen organizado? Allí está. Bajo su empuje el sistema de seguridad y justicia podría recuperar capacidades en una década, y el Estado recobrar autoridad.

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