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Tumores y propaganda

Martes 28 febrero, 2012


Ricardo Trotti
La Prensa Gráfica, El Salvador

La información anodina y sin precisiones de Hugo Chávez sobre el nuevo tumor cancerígeno que le extirparán en La Habana calmó en algo los rumores, pero no las críticas sobre la irresponsabilidad de un gobierno que insiste en ocultar la verdad y desinformar sobre un asunto de elevado interés público como la salud del primer mandatario.

Los regímenes autoritarios basan su estabilidad en la lealtad y el culto a la personalidad, de ahí que la salud de Chávez o Fidel Castro, como antes la de Lenin, Mao, Hitler o de Kim Jong II, sean consideradas secreto de Estado; y sus cuerpos terminan embalsamados para la historia. Chávez adquirió esos vicios por eternizarse en el poder y haber aprendido técnicas de propaganda que el gobierno cubano ensaya para crear rumores, manipular información, controlar medios y calcular los efectos del silencio.

Por eso Chávez prefirió internarse en el sigilo de La Habana que exponerse a la transparencia que manejan las clínicas oncológicas de Brasil, como Lula da Silva y Fernando Lugo experimentaron. Hay que hacer una diferencia entre Cuba y Venezuela. El caso de Chávez es más grave, porque tratándose de que no es un régimen impuesto por la fuerza sino ungido por los votos, incumple con las condiciones de rendición de cuentas y transparencia que exige la democracia. Y porque usa dineros de todos los venezolanos para crear en otros países sistemas de propaganda a su imagen y semejanza, como ocurre entre miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas.

No es casual que en esos países los responsables de la propaganda sean los que más han sobrevivido a los constantes cambios de gabinete, como Fernán Alvarado y Rosario Murillo, secretarios de Comunicación de Ecuador y Nicaragua; e Iván Canelas y Andrés Izarra, ministros de Comunicación de Bolivia y Venezuela.

Desinformar a nivel gubernamental se ha vuelto un vicio tan grande como hacer propaganda. Un caso patético es el de Argentina, donde las mediciones oficiales sobre pobreza e inflación son manipuladas y rara vez coinciden con las de consultoras privadas, a las que se prohíbe divulgar sus resultados.

Otros gobiernos son aún más frontales, tomando represalias contra quienes denuncian actos de corrupción en la función pública, como le ocurrió en Ecuador a los autores del libro El Gran Hermano, sentenciados a pagar $2 millones a favor del presidente Rafael Correa, por revelar la existencia de contratos fraudulentos y comprobados, entre el gobierno y su hermano. 

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