Y el trabajador

Alejandro Basells Conde
Prensa Libre, Guatemala

Si algo marcó esta campaña es la ausencia de propuesta en torno al urgente compromiso del Estado para honrar las relaciones con sus trabajadores. Es evidente que el auténtico relajo que existe en la administración pública en cuanto a la contratación de servidores no puede seguir así, y la falta de voluntad política del Congreso para entrarle al tema de la Ley de Servicio Civil es evidente. Esta ley fue promulgada durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro y es urgente la adopción de una nueva.

Nuestra Constitución reconoció el derecho de huelga y de sindicalización de los trabajadores del Estado; sin embargo, como paradoja, es dentro de la vigencia de este texto donde se ha violado por distintos gobiernos lo establecido en la ley.

Para que exista una relación de trabajo debe haber un patrono, que enmarque el vínculo de subordinación, y un trabajador sujeto a actividades específicas en horario establecido a cambio de un salario. Todos los derechos laborales son considerados como irrenunciables, y en consecuencia es objeto de sanción cualquier intento de burla para no respetarlos.

Se escucha que enmarcado dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se aprobarán nuevos procedimientos de supervisión para los empleadores privados. Se oye que habrá sanciones a todos aquellos patronos que no cumplen con el pago de salario mínimo, el aguinaldo, el bono 14, entre otros; sin embargo, ¿será que el Estado puede hacer lo que se le da la gana, de espaldas a la legislación mínima laboral?

La Administración Pública adoptó como regla la contratación de personal evadiendo sus obligaciones. Se simulan contrataciones de servicios profesionales, cuando en realidad existen vínculos laborales. Esta situación es general en todas las entidades del Estado y representa la mayor amenaza al IGSS, puesto que cada vez se cotiza menos al régimen de seguridad social y existen más servidores que no perciben aguinaldo, bono 14, etcétera.

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