Y los recursos por abolir el ejército
Tuesday 07 February, 2012
David Gutiérrez
La República, Costa Rica
El 1° de diciembre de 1948 don José Figueres Ferrer decretó la abolición del ejército en nuestro país. Durante estos casi 64 años sin ejército, el país ha gozado de una gran estabilidad democrática y fortaleza institucional. Además de ser la decisión más importante que se ha tomado en la Costa Rica moderna, se le dio una de las mayores lecciones de civismo y paz al mundo entero.
Gracias al ahorro de enormes recursos al no comprar tanques o armas, se desarrollaron sistemas de salud y educación que han sido ejemplares en América Latina y también en el resto del mundo.
El nivel de gasto militar de muchos países es enorme. Por ejemplo: Omán gasta un 11,40% del PIB, Israel un 7,30%, y Estados Unidos un 4,06%. En la región, Colombia gasta un 3,4% y Chile un 2,6%. Los países centroamericanos gastan menos, entre 1% y 1,5%.
Sin embargo, en todos esos países están gastando dinero en algo que Costa Rica no hace. ¿Qué hacemos hoy día con ese dinero que no gastamos en armas?
En años recientes hemos visto cómo se ha resquebrajado la calidad de servicio y la salud financiera de instituciones tan importantes como la seguridad social, las mismas que nos permitieron llegar donde estamos hoy.
Esto pone en peligro los logros alcanzados en esta materia y además nos puede llevar a retroceder en lugar de mejorar.
Por otro lado, también la infraestructura viene deteriorándose de forma acelerada en los años recientes, lo que hace peligrar la calidad de vida, la seguridad y aspectos relevantes de nuestra economía como son las exportaciones y el turismo.
Si en las últimas dos décadas la inversión en infraestructura, salud y seguridad ha sido casi inexistente, ¿en qué hemos invertido los recursos que no usamos en armas y en tanques?
¿Será que los hemos gastado en gollerías y en prebendas para ciertos sectores y gremios?
¿Será que la norma cada vez más generalizada es trabajar poco, ganar bien, no ser medido por resultados, gozar de impunidad o reinstalación judicial en el puesto ante actos de corrupción o de negligencia?